Wednesday, April 22, 2015

Peruvian government is bullish on country's mining sector

El Ministerio peruano de Minas y Energía anunció que espera que inversiones en proyectos mineros superaran US$63,000 millones durante los próximos cinco años, dado la cartelera de 51 proyectos mineros pendientes y los US$9,300 millones que serán invertidos este año en expandir proyectos ya existentes. De los $63,000 millones de proyectos, casi la mitad ya recibieron la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental y su autorización de construcción.

El gobierno peruano, en un clima de bajos precios para metales, no quiere que su fuerte industria minera pierda su impulso. Recientemente, conflictos sociales y protestas sobre el proyecto de cobre Tía María han dominado las noticias, y el gobierno quiere impulsar cobertura mediática positiva y enfocarse en las inversiones en el sector y el impacto positivo que ellas tendrán sobre la economía peruana. Sin embargo, las protestas contra Tía María siguen recibiendo mucha cobertura en la prensa.

Ayer, El Comercio publicó un editorial escrito por Roberto Abusada Salah, director del Instituto Peruano de Economía. Salah dice que él había previsto la desaceleración económica del Perú, y echa la culpa a las acciones del gobierno que afectaron la confianza empresarial. Escribe, “Es en la esfera política donde encontraremos las causas de nuestro fracaso al no poder mantener nuestro crecimiento al nivel de su potencial. Y es en la política donde ha naufragado la confianza.” Él cree que la casi cancelación de Tía María disparó alarmas por todo el Poder Ejecutivo peruano, pero el presidente de la nación no ha hecho lo suficiente para calmar los temores de los inversionistas.


A pesar de las acciones del gobierno peruano, la protesta sobre Tía María no ha terminado y pronto entrará en su segundo mes. Una reunión de muy alto nivel entre ministros del gobierno y líderes locales no logró un acuerdo, y líderes de las protestas anunciaron que el paro iba a continuar. Nos parece que muchos observadores están usando este conflicto social como una prueba de fuego a ver si el gobierno peruano realmente va a proteger los intereses de inversionistas en el Perú, o si abandonaría el esfuerzo cuando el público no está de acuerdo, como le pasó en Cajamarca.

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